La diputada Sandra Arreola presentó una iniciativa para ponerlo en la ley, porque no está.
Hay personas que han muerto por no tener un intérprete al momento de requerir atención médica o por un mal diagnóstico y aunque parezca increíble, los centros de salud no están obligados por ley a contar con uno y por mera empatía o responsabilidad no lo hacen.
Ante este absurdo la diputada Sandra Arreola (del PVEM) presentó una iniciativa para que centros de salud tanto públicos como privados cuenten con un intérprete de lengua de señas mexicana y si no, por lo menos con los medios para organizar una conferencia con él cuando se requiera.
En rueda de prensa durante la sesión, la diputada narró que le impactó saber de una señora que no recibió atención médica porque nadie le entendía y al regresar a su casa falleció.
«Me imagino la impotencia y la desesperación de acudir a los servicios de salud y no poder expresarme», compartió.
La acompañaban integrantes de organizaciones de personas sordas y un par de intérpretes, quienes narraron algunas de sus experiencias.
Una señora de nombre Rosa nos contó que su pareja tuvo un accidente laboral y lo llevaron al seguro, pero que ahí no dejaron entrar a nadie de su familia y pues él no podía comunicarse ni nada y requería una cirugía, pero que de plano mejor no se la hicieron, así que le tocó a ella llevárselo a un hospital privado y correr con los gastos.
«Se les pidió un intérprete, una evaluación, un diagnóstico. No se nos dio absolutamente nada».
Yareni, activista de la comunidad sorda, puntualizó que tres personas de su organización murieron por esta situación, dos de ellas porque los doctores que les atendieron durante la pandemia no les dijeron que padecían covid.
Esto en el peor de los casos, pero en los «mejores», las mujeres sordas deben ir acompañadas de sus hijos o de sus parejas o algún otro familiar para que les traduzcan y les da pena, por ejemplo, ir con el ginecólogo, porque imagínense qué perro oso tener que andar dando detalles de su vida sexual a los hijos o al hermano para que le digan al doctor.
«Vulneran nuestro derecho a la privacidad porque son nuestras familias los intérpretes y hay cosas que no quisiéramos que supieran», explicó Yareni.
Explicaron que de ahí la importancia de ponerle a la reforma que debe ser un intérprete certificado y que además sepa lenguaje médico.
«No podemos decir que los servicios de salud son universales cuando no todos tienen acceso a ellos», sentenció Sandra, y se dijo abierta a ampliar la propuesta para generar acceso real a personas con otros tipos de discapacidades, aunque considera que es más urgente en el caso de las personas sordas.
Comentó que le parecía increíble que para estas fechas apenas se esté planteando esto pero a la vez dijo que tiene confianza en que se va a dictaminar pronto, porque la iniciativa se turnó a la comisión de Salud, que preside el diputado Abraham Espinoza, que es de la bancada del PVEM, osease que ella es su coordinadora y pues bueno.
Acerca del Autor
